Cómo las agencias de colocación se harán cargo de la intermediación de los servicios públicos de empleo

CVEn la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 11 de abril, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social presentó los ejes de una «reforma en profundidad de las políticas activas de empleo». Una de las herramientas que fue expuesta fue el Acuerdo Marco con las agencias de colocación para la colaboración con los servicios públicos de empleo en la inserción de personas desempleadas, es decir, la famosa colaboración público – privada en materia de intermediación.

Hace unas semanas se filtró un borrador del “pliego de cláusulas administrativas particulares y condiciones técnicas para la celebración, por procedimiento abierto, de un acuerdo marco con agencias de colocación para la colaboración con servicios públicos de empleo en la inserción en el mercado laboral de personas desempleadas” de fecha 23 de marzo. Como ya se publicó en este blog, el artículo 15 del RDL 4/2013, de 22 febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, añadía una nueva disposición adicional al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para la formalización conjunta de acuerdos marcos para la contratación de servicios que faciliten la intermediación laboral.

El objeto del citado acuerdo marco no es otro que mediante procedimiento abierto, celebrar la selección de las agencias de colocación que colaborarán con los Servicios Públicos de Empleo tanto estatal como autonómicos en la inserción de personas desempleadas. Por tanto, se obliga a la prestación de un servicio integral de inserción formado por alguna de las siguientes actuaciones: orientación, formación, intermediación, ayuda a la búsqueda de empleo, captación de ofertas de trabajo, promoción de candidatos u otras.

Las agencias de colocación no cobrarán por aquellas actuaciones parciales o aquellas integrales que no desemboquen en una colocación a menos que de su actuación se pueda imponer una sanción a la persona desempleada. En este caso, la agencia de colocación podrá cobrar un máximo del 15% del precio de adjudicación.

El citado pliego establece que se entenderá que una persona desempleada ha sido insertada laboralmente si como resultados del servicio integral recibido ha formalizado un contrato laboral con una duración de al menos 6 meses continuados y no se haya superado el máximo de dos contratos en ese periodo de tiempo.

Los precios máximos unitarios de licitación se establecen en base a la edad de la persona desempleada y al tiempo en situación de desempleo. Así, existen cinco rangos de edad, véase, de 25 y menos, de 26 a 29, de 30 a 44, de 45 a 54 y de más de 54. Según su permanencia en el desempleo se distinguirán aquellos que llevan de 3 a 6 meses, de 6 meses a 1 año, de 1 a 2 años y más de 2 años.

Como advierte el experto en empleo, Enrique Negueruela, en su muy recomendable artículo de opinión, según se encuentra redactado este borrador «resulta más rentable para las ETT dos contratos de seis meses que uno de doce o, incluso, indefinido. Cuando tiene una duración de doce meses reciben entre 450 y 4.500 euros, en vez de los 600 o 6.000 euros que supondrían dos contratos. Por duraciones superiores a los doce meses, no perciben nada».

En el caso de que la propia agencia de colocación adjudicataria fuera una de las entidades contratantes, el contrato que formalizara con el desempleado debe ser único y mantenerse durante al menos 6 meses continuados.

La vigencia del acuerdo marco sería de dos años prorrogables en otros dos años siendo el valor máximo estimado del conjunto de contratos que se prevén realizar para el periodo máximo de vigencia (cuatro años) de 66 millones de euros.

Author Bio

Organización sin ánimo de lucro que representa a los profesionales del desarrollo local en Castilla y León y fomenta las políticas de desarrollo local y apoyo al espíritu emprendedor.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.